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Opinión | Julio 4, 2016
Hacia un marco preventivo del blanqueo de capitales
Francisco Bustamante

Pasados los merecidos momentos de jolgorio conque el país celebró y demostró su madurez para adaptar sus inversiones al sector en que tenemos ventajas geográficas, y probar su decisión de seguir siendo un jugador a tomar en cuenta, resta volver a temas no menos importantes para la economía nacional, como la creación, modernización e implantación de un marco de prevención del blanqueo de capitales.

La inclusión de Panamá en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) causó pérdidas económicas importantes. Algo superado, sin embargo, los recientes sucesos relacionados a empresas privadas en el sector de servicios legales o de comercio exterior, arrojan dudas sobre la eficiencia de los mecanismos del país en materia de prevención. Panamá deberá pasar por la llamada cuarta ronda de revisión del GAFI, en 2017. Esas revisiones llevan cerca de seis meses, desde su preparación hasta la visita in situ. El proceso se iniciaría entre enero y febrero del próximo año. En dicha visita se evalúan el marco técnico o normativo y la efectividad de la aplicación de aquel. La debilidad del marco técnico, probablemente desemboque en una baja efectividad en su aplicación. Mas la sola existencia de dicho marco, no es suficiente para garantizar que se logre la efectividad.

Panamá aprobó la Ley 23 de 27 de abril de 2015, para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Con dicha ley, se solventaron gran parte de las deficiencias indicadas por el GAFI, a través del Fondo Monetario Internacional en 2012. Un año después de creada la ley, que marca un hito en materia de prevención del blanqueo de capitales, y aprovechando que el Gobierno creó una comisión ad hoc para evaluar el marco técnico o normativo, puede aprovecharse para mejorar aspectos sustantivos de la política de prevención del blanqueo de capitales. Comparto algunas ideas:

1. La Ley 23 crea una comisión de combate al blanqueo de capitales, formada por siete miembros que incluye a varios ministros de Estado y a otras figuras políticas. No cuenta con una secretaría ejecutiva, aunque tiene funciones estratégicas que le asigna la ley. Podría formarse una comisión similar, pero integrada por los propios superintendentes, y así crear un espacio técnico para que los responsables de la aplicación del marco técnico compartan recursos, conocimientos, información, etc.

2. La ley crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que debe inspeccionar a más de 20 mil entidades reportantes, desde profesionales hasta casinos, pasando por entidades del sector financiero, oficinas públicas, zonas francas, etc. Deberían crearse, al menos, tres superintendencias autónomas, de actividades profesionales supervisadas, de servicios y las entidades financieras, incluidas cooperativas, deberían ser integradas a la Superintendencia de Bancos y poner bajo un solo paraguas a las entidades financieras. Los casinos deberían ser supervisados en materia de prevención del blanqueo por la Junta de Control de Juegos.

3. La ley mantiene un híbrido que no ha sido puesto a prueba. Las sanciones más severas a determinados sujetos obligados o entidades reportantes las recomienda la Intendencia, pero las aplican otras entidades que no han sido parte del proceso que desemboca en la sanción. Eso se debe mejorar, o se puede incurrir en el caso de que las faltas más graves queden impunes por la dualidad de funciones implícitas en el diseño actual.

4. La Unidad de Análisis Financiero, pieza clave del sistema de prevención del blanqueo de capitales, responde a la Presidencia. Su independencia demandaría que fuera colocada en otro arreglo institucional.

5. El el gobierno corporativo de las entidades de supervisión debería fortalecerse para evitar probables conflictos de interés.

6. Existen nuevas áreas de supervisión que forman parte de la nueva metodología de supervisión, como es la recomendación 8 del GAFI sobre las organizaciones sin fines de lucro, que son autorizadas por distintas instituciones, como los ministerios de Educación, de Gobierno, y de Desarrollo Agropecuario, etc. Se requiere todo un nuevo marco para establecer los mecanismos de supervisión de estas entidades.

7. Promover la creación de la carrera del supervisor de entidades reportantes, para lograr mejorías incrementales en las capacidades del recurso humano.

8. Generar un nivel de comunicación al más alto grado entre superintendentes, que incluya la homologación de procedimientos, plataformas tecnológicas e intercambio de información entre agencias, para lograr efectividad en la prevención del blanqueo de capitales.

9. Formación y dotación de recursos al Órgano Judicial para lograr efectividad en la imposición de sanciones en el ámbito penal, entre otras.

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