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Opinión | Junio 26, 2016
El Canal de Panamá sin plan de desarrollo nacional

La ampliación del Canal de Panamá cuya construcción se inició hace nueve años y cuyo costo final aún está por determinarse. En todo caso, superará los $5,25 mil millones presupuestados. La vía interoceánica se abrió por primera vez en 1914 para servir en especial la ruta entre las costas oriental (Nueva York) y occidental (San Francisco) de EEUU. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que hace uso del Canal navega por la ruta China oriental (Shanghai) y las costas este y del golfo de México (EEUU).

La vía es administrada por el gobierno panameño a través de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde 2000. El traspaso por parte de EEUU a Panamá fue el resultado del Tratado del Canal de Panamá cuya negociación culminó en 1977 bajo la dirección del general Omar Torrijos. En el mismo tratado entre Panamá y Washington, se acordó poner fin a la ‘Zona del Canal’ y evacuar todas las bases militares norteamericanas en el Istmo.

La ampliación del Canal consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas para acomodar barcos de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento. Además, se ampliaron las vías de acceso y se profundizó el Canal para aumentar el calado de los barcos que navegan por sus aguas. En el mundo sólo hay un Canal con características similares al panameño: El Canal de Suez en Egipto.

Cruzan el canal cerca de 12 mil naves al año, pagando peajes anuales de aproximadamente $2.5 mil millones. Esta suma contrasta con los ingresos anuales  de un millón de dólares que recibía Panamá por parte de EEUU antes de 2000. La ACP y el gobierno panameño aseguran que con las nuevas esclusas los ingresos crecerán significativamente. El fisco recibe anualmente – directamente de la administración de la vía – mil millones de dólares que es ingresado al presupuesto nacional.

El Canal de Panamá ha logrado mantenerse – en parte – libre de la corrupción que caracteriza a las instituciones privadas y públicas del país. Sin embargo, cuenta con una directiva compuesta de 11 empresarios cuyos antecedentes no se libran de cuestionamientos. La construcción de la ampliación estuvo marcada por sobreprecios y adendas cuestionadas por su falta de transparencia. La empresa contratada para la magna obra de las esclusas se caracterizó por su falta de ética, su mal manejo de la relación con los trabajadores y desgreño administrativo.

Una crítica al proyecto de ampliación del Canal de Panamá consiste en que los gobiernos no contemplan la integración de este enorme activo a la economía nacional. Seguirá siendo un negocio en el contexto de las operaciones financieras que se realizan en las capitales mundiales, especialmente Nueva York. Todavía tiene que poner a prueba los estudios de impacto ambiental que señalan la posibilidad que los lagos de la vía sean invadidas por agua salada. Otro problema que enfrenta la vía consiste en la falta de agua en el futuro para satisfacer las demandas de los barcos que transitan por la ruta.

A su vez, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá denunció un plan para la privatización de la vía interoceánica. Se señala que la ACP pretende convocar a la licitación del servicio de remolcadores en las entradas de mar, en el Caribe y en el Pacífico, para su manejo por empresas extranjeras. Iván de la Guardia, secretario general de la Unión, afirmó que dispone de evidencias de ese plan, que “atenta contra los intereses del pueblo panameño y su histórica lucha por la soberanía”.

Subrayó que el Sindicato dispone de información que confirma que desde 2013, altos funcionarios de la ACP “se encuentran involucrados en un plan para limitar nuestro legítimo ejercicio de libertad sindical” en la vía acuática. Sin embargo, la ACP ha negado esos señalamientos.

En 2014, el sindicato denunció los intentos de la ACP de desarticular el sindicato, con el presunto objetivo de reducir las protestas en contra de la privatización de servicios. Esa denuncia fue rechazada por autoridades canaleras. Las negociaciones entre ese sindicato y la ACP están actualmente estancadas.

Los conflictos que se avecinan en torno al Canal de Panamá constituyen alarmas que debe tomar en cuenta el gobierno. Para ello debe reorientar su política de convertir la vía en un negocio para unos pocos especuladores y garantizar su integración a un plan de desarrollo nacional.

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