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Editorial | enero 24, 2012
La Asamblea no puede estar por debajo de las presiones políticas
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La principal lucha del gobierno de Ricardo Martinelli es contra la impunidad, razón por lo que hemos visto desfilar importantes figuras por las diversas fiscalías del Ministerio Público, pero en el caso del terreno de Chilibre donde, supuestamente,
sería construido un hospital, no se ha determinado aún qué tipo de delito pudo haberse cometido.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, ha entregado documentos al Ministerio Público rechazando el crédito para la compra de la finca.

Por su parte, el opositor diputado perredista, Raúl Pineda, se hizo eco de las denuncias del oficialismo, luego de manejar información que señala que el valor original del terreno era de 300 mil balboas pero se pretendía comprarlo en 1.8 millones de balboas, sin que se pudieran justificar los 1.5 millones de más.

Nuestra opinión

Llama la atención la lentitud de las autoridades competentes para tipificar el delito derivado de una transacción, cuya ejecución estaba siendo gestionada por el vicepresidente Juan Carlos Varela.

La ciudadanía exige que todos estos casos relacionados con tierras sean ventilados con celeridad, como se ha hecho  con otros casos porque, no importa la investidura, todos debemos ser iguales ante la ley


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